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Cuatrocientos actos anuales de antisemitismo –denuncia un ONG- se producen en un estado de Oriente Próximo.
La noticia no reviste novedad alguna, en apariencia; sin embargo, la enésima paradoja impregna, una vez más, la realidad de la zona más agitada política y étnicamente de los últimos 2.500 años; la crónica televisiva emitida por el canal 3/24 Televisió muestra imágenes de una pareja, padres de familia, que ha intentado infructuosamente denunciar agresiones de grupos antisemitas llevadas a cabo contra su hijo... ¡en una escuela de Israel!
La información, que puede ser consultada en la página web del canal televisivo, se completa con datos acerca del perfil de los neonazis israelíes y con la explicación de por qué el estado es reacio a combatir el problema: la misma acción pondría de manifiesto que tal vez Israel no es el refugio idílico pretendido para el pueblo judío.
Opino -y esto es cosecha propia, si se me permite- que son dialécticamente insostenibles cualquiera de las dos posibles posiciones del estado. Combatirlo más allá del tratamiento regular de cualquier acto delictivo implica que la dimensión del fenómeno supera la anécdota y que, por tanto, podría estar gestándose una concepción distinta de Israel como nación, por supuesto, eso sí, lejos del extremismo antisemita, pero no necesariamente ligada a la ideología fundacional de este estado. En la posición contraria, no combatirlo más allá de ese mismo tratamiento regular equivale a aceptar las reglas de juego de un estado democrático cualquiera, en consecuencia con el análisis racional propio de sus miembros; sin embargo, despojado de su especificidad ideológica, pierde la justificación de su existencia y del daño provocado a su entorno hostil, comúnmente calificado como efecto colateral inevitable.